Aprueban el financiamiento de la Línea F y la Ley Antitrapitos
El Cuerpo Legislativo también sancionó las normativas referidas a los proyectos de regulación del uso de vapeadores, la creación de un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, Ley Hojarasca y modificaciones en la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
Con la presencia de los diputados de los distintos bloques que integran el recinto, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el financiamiento de la Línea F de subterráneos y la Ley Antitrapitos.
La primera iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo porteño y aprueba la realización de operaciones de crédito público para financiar la construcción total de la Línea F de Subterráneos. La propuesta prevé la obtención de recursos por un monto de hasta 1.350 millones de dólares a través de organismos multilaterales, instituciones financieras y la colocación de títulos de deuda. El propósito es impulsar una de las principales obras de infraestructura proyectadas para la Ciudad, con el fin de optimizar la conectividad del sistema de transporte, favorecer la movilidad urbana y expandir la red de subterráneos.
En este sentido, el diputado Waldo Wolff (Vamos por Más) destacó: “Esta Legislatura toma una decisión que trasciende un mandato, una gestión, e incluso una generación. Con esta ley, estamos autorizando el financiamiento para la construcción de la Línea F de subterráneos. La primera nueva línea de subte impulsada en la ciudad de los últimos 25 años”. El resultado de la votación dio 56 afirmativos, uno negativo y cero abstenciones.
A su vez, los legisladores también sancionaron la Ley Antitrapitos, que cuenta con autoría de la Jefatura de Gobierno. La diputada Gimena Villafruela (Vamos por Más) se expresó: “Esta ley responde a uno de los reclamos más frecuentes y recurrentes por parte de los vecinos de la ciudad. La contravención de 'cuida coches' es una las acciones más denunciadas. La verdad es que esto es una situación que tiene que terminar, es importante comenzar por ahí”.
Por su parte, Claudia Neira (Fuerza por Buenos Aires) declaró: “Nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es ser coherentes. Y ser coherentes es discutir soluciones reales con la valentía de llamar a las cosas por su nombre”. La votación arrojó un resultado final de 35 votos afirmativos y 18 negativos.
La ley reforma el Código Contravencional (Ley 1.472), que impulsa un endurecimiento del régimen sancionatorio para la oferta y prestación de servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios sin autorización legal, actividades comúnmente identificadas como “trapitos” o “cuidacoches”. La iniciativa introduce modificaciones a los artículos 91 y 92 del Código, y prevé la ampliación de sanciones y medidas accesorias para reforzar el uso gratuito y seguro del espacio público.
El proyecto establece penas más severas, incluyendo arresto de cinco a treinta días, trabajos comunitarios y multas de hasta 4.000 unidades fijas para quienes desarrollen estos servicios sin contar con la habilitación correspondiente. Asimismo, las sanciones se agravarán al doble en casos donde las conductas estén motivadas por desigualdad de género, y se prevé una pena de hasta sesenta días de arresto para quienes organicen o promuevan estas actividades.
Además, la norma dispone sanciones agravadas para hechos cometidos en grandes parques o eventos masivos, con una ampliación del radio geográfico y de las franjas horarias consideradas. También contempla la aplicación de multas e inhabilitaciones específicas para instituciones o entidades que resulten involucradas en la organización de estas actividades.
El texto incorpora como medidas accesorias la prohibición de concurrencia y la interdicción de cercanía a los lugares donde se hayan cometido las infracciones, en línea con lo dispuesto en los artículos 37 y 39 del Código Contravencional. La intervención del Ministerio Público Fiscal resultará clave, ya que se prevé su articulación con organismos de justicia y seguridad, así como la habilitación de Oficinas Móviles para la recepción de denuncias vinculadas a estos hechos. Y se establece la obligación de informar a los contraventores sobre los programas de asistencia estatal disponibles.
Otro proyecto que tuvo aprobación fue la regulación del uso, la venta y la promoción de vapeadores y productos emergentes de tabaco y nicotina, con la finalidad de prohibir el acceso a menores de 18 años. En este sentido, apunta a establecer restricciones similares a las que ya están dispuestas para el tabaco tradicional, en respuesta al aumento del consumo de estos dispositivos, especialmente entre adolescentes. Por ejemplo, no se podrá usar estos elementos en espacios cerrados de acceso público, como escuelas, hospitales, transporte y centros culturales.
El texto también impide la promoción, publicidad, ofertas gratuitas y patrocinio de estos productos por fuera de los comercios habilitados, que deberán incluir advertencias sanitarias visibles para los usuarios y vecinos. Respecto al régimen de sanciones para quienes incumplan las nuevas disposiciones, tendrán multas que oscilan entre las 500 y las 5 mil unidades fijas, decomiso de mercadería y clausura o inhabilitación de los comercios infractores. Y se prevé la modernización y actualización de los programas de cesación tabáquica en hospitales y centros de saludos, con protocolos específicos para los usuarios de vapeadores, y la creación de un nuevo sistema de registro local de casos de Evali –lesión pulmonar referida al vapeo-.
Por último, la ley obliga la gestión diferenciada de los residuos electrónicos y plásticos derivados de estos dispositivos, con el establecimiento de protocolos y sistemas de recolección en los Puntos Verdes de la Ciudad.
Otras leyes sancionadas
Por otro lado, el Cuerpo Legislativo también aprobó otra serie de proyectos, que fueron tratados previamente en sus respectivas comisiones. Una de ellas es la creación de un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, que cuenta con autoría del diputado Leandro Santoro (Fuerza por Buenos Aires). La propuesta establece una línea exclusiva de créditos a través del Banco Ciudad, orientada a la cancelación y refinanciación de deudas personales previas, bajo condiciones más favorables que las vigentes en el mercado. Además, la iniciativa incorpora incentivos para promover la participación de entidades financieras privadas, complementando la oferta del Banco Ciudad.
Otra normativa es la referida a la Ley Hojarasca, redactada por la legisladora María del Pilar Ramírez (La Libertad Avanza) y que tiene por objetivo eliminar regulaciones obsoletas y simplificar el marco normativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para facilitar la gestión administrativa y reducir cargas para ciudadanos y empresas. La propuesta busca derogar leyes, registros y requisitos que han perdido vigencia o utilidad, transfiriendo recursos y adecuando la normativa vigente para actualizar el sistema legal porteño.
De la misma diputada, también se aprobó la extensión del número de establecimientos autorizados para llevar a cabo la verificación técnica vehicular (VTV), permitiendo la incorporación de talleres y concesionarios que acrediten el cumplimiento de los requisitos técnicos definidos por la normativa vigente. Asimismo, la propuesta incorpora ajustes en los plazos de vigencia de las verificaciones y en distintos aspectos relacionados con la operación y el control de los centros habilitados para prestar este servicio.
Según el proyecto, los vehículos particulares 0 km deberán realizar la primera VTV a los cinco años (60 meses) desde la fecha de patentamiento. Para los vehículos de hasta diez años de antigüedad, la verificación será requerida cada dos años, mientras que para aquellos que superen los diez años, la revisión tendrá carácter anual.
