Comunicados de Prensa

Por la tarde, las comisiones de Desarrollo Económico, Salud y Justicia, encabezadas por las y los diputados Silvia Imas (La Libertad Avanza), Juan Facundo Del Gaiso (Vamos por Más) y Solana Pelayo (La Libertad Avanza), presidentes respectivamente, debatieron en forma conjunta dos proyectos de ley que buscan regular el uso de cigarrillos electrónicos en la ciudad de Buenos Aires.

Se puso en consideración el expediente 957-D-2025 de modificación de la ley 1799 de Control de Tabaco, de autoría de la diputada María Sol Mendez, en coautoría de los diputados Sebastián Nagata y Graciela Ocaña y su agregado, el expediente 683-D-2026 de regulación de Productos Emergentes de Tabaco y/o Nicotina, de autoría de la diputada Manuela Thourte. Luego del tratamiento de estos expedientes fue firmado el dictamen en forma conjunta.

Durante la reunión, la diputada Thourte aseguró que la iniciativa parlamentaria "busca regular los productos emergentes del tabaco y la nicotina, más conocidos como cigarrillos electrónicos o bolsitas de nicotina, dos formas que se están comercializando en Argentina". "Son percibidos como menos nocivos que el cigarrillo común. Pero existen encuestas realizadas en Argentina, del SEDRONAR por ejemplo, que arrojan que el 33 por ciento de los adolescentes cree que los cigarrillos electrónicos no son nocivos para la salud, mientras que el 90 por ciento sí cree que el cigarrillo común es nocivo", continuó. "Hay una concepción errónea sobre el daño que causa el cigarrillo electrónico y la bolsita de nicotina. En los kiosks están regalando bolsitas de nicotina. Este proyecto de ley tiene el objetivo de igualar las formas de consumo de nicotina y de tabaco con especial atención en la protección de la salud de niños, niñas y adolescentes", finalizó.

Luego, la diputada Claudia Negri celebró que se esté tratando este proyecto. Refirió que "el expediente no ingresó a la comisión de salud" y agregó situaciones referidas a la salud pública. Adhirió también a la autora del proyecto en relación a que "los componentes de los cigarrillos electrónicos y bolsitas de nicotina son dañinos para la salud". Refirió que los especialistas del hospital Ramos Mejía, donde ella se desempeñaba, sostienen que "los protocolos de los hospitales y Centros de Salud y Acción Comunitaria, CeSAC, vinculados a esta temática están obsoletos", por lo cual consideró que "si se hacen modificaciones a la ley porque entendemos que algunos contenidos pueden ser dañinos para la salud, lo mínimo que debemos hacer es actualizar los protocolos".

Negri también propuso que se genere "un registro de todos los pacientes que tienen una dificultad o lesión ocasionada por el uso indebido del tabaco y de los vapeadores". Por otro lado, consideró necesario "generar programas dirigidos a adolescentes, ya que este consumo se da más en adolescentes que en adultos". Luego afirmó que "si no tenemos registros es imposible avanzar con las medidas que nos proponemos adoptar. Propongo que incorporemos estos tres puntos antes de que el proyecto avance". Antes de cerrar su intervención, adelantó "su voto con una disidencia parcial" para incorporar los tres puntos que desarrolló durante la reunión.

La diputada Graciela Ocaña adelantó "el apoyo al proyecto por considerar necesaria la regulación en esta temática". Destacó que "los componentes de los vapeadores son tan dañinos como el tabaco". Consideró que también "debe ser modificado el código fiscal y la ley impositiva para igualar al vapeo con el tabaco".

Luego, en el Salón Montevideo, se reunieron de manera conjunta las comisiones de Justicia con la de Asuntos Constitucionales para debatir sobre los proyectos vinculados con el servicio de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios.

La reunión fue presidida por los titulares de las comisiones de Justicia, Solana Pelayo (La Libertad Avanza), y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Pakgojz (La Libertad Avanza); junto a los legisladores Federico Mochi, Gimena Villafruela, Laura Alonso, Aldana Belén Crucitta, Rocío Figueroa, Juan Pablo Modarelli, Claudia Neira, Graciana Peñafort, María Del Pilar Ramírez, Guadalupe Tagliaferri, Diego Vartabedian, Francisco Caporiccio, Silvia Lospennato, Darío Hugo Nieto, María Graciela Ocaña, Manuela Thourte, Andrea Mariana González, Claudia Negri y Francisco Loupias.

El objeto de la reunión fue la firma y el dictamen de los expedientes 80-J-2025, del Jefe de Gobierno, y 288-D-2026, de autoría de la diputada María del Pilar Ramírez, sobre las modificaciones a la Ley 1472 –Código Contravencional de la Ciudad, acápite “Uso y protección del espacio público y privado”–, respecto al servicio de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios, conocidos como “los trapitos”.

Durante el debate, la diputada Villafruela planteó los lineamientos generales de las propuestas de los proyectos en tratamiento y señaló: “La ley anti trapitos forma parte de una política integral de recuperación del espacio público. Una política que tiene que ver con aspectos muy claves y concretos: la recuperación del orden y el respeto por la ley en la ciudad”. Y sumó: “El Jefe de Gobierno, en su anuncio en la primera sesión ordinaria inaugural, expuso sobre la importancia de trabajar en una ley anti trapitos, porque es una problemática prioritaria y atraviesa solo a todos los vecinos de la ciudad, sino a quienes transitan y quieren circular libremente en la ciudad de Buenos Aires”.

Más adelante, destacó los aspectos centrales de las modificaciones que se proponen: “No son las mismas penas respecto a la 'figura simple' que a la del 'organizador'. La diferencia subyace en la incorporación de días de arresto; se aumentan las escalas de trabajo de utilidad pública y de las multas; se incorporan las sanciones accesorias de prohibición de concurrencia y de interdicción al lugar de la contravención; se amplían los agravantes”. Además, la diputada enfatizó que “no solo se contempla la perspectiva de género, sino también cuando hay una intimidación o aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad”.

En el orden de la organización previa, el contenido de los proyectos distingue al “trapito” partícipe del jefe de la organización. La escala de sanción se eleva en ambos casos y, para el caso de los jefes, la escala es aún más gravosa. Para estos casos también se suma la posibilidad de la inhabilitación de los accesos a los programas sociales.

Respecto al artículo 92, que hace referencia a la ocasión de eventos masivos o los grandes parques, la diputada señaló que “hay una escala sancionatoria propia y más severa, porque en la actual redacción del artículo 92 hace referencia al artículo 91. Se suman las mismas sanciones accesorias de prohibición de concurrencia e interdicción, y se elevan las escalas previstas para las sanciones de arresto, diferenciando la figura del contraventor de la del organizador”. También se eleva la escala de multa y clausura a los clubes organizadores cuya participación se pueda comprobar.

“Lo que se propone responde a una demanda genuina por parte de los vecinos de la ciudad ante una problemática que fue creciendo a lo largo del tiempo y, además, es una situación que requiere de numerosas intervenciones por parte del Estado”, enfatizó.

Y concluyó resaltando que se arribó al dictamen teniendo en cuenta distintas propuestas y miradas sobre la temática, con la participación de distintos bloques como La Libertad Avanza, el radicalismo, e incluso del peronismo en el proyecto que se presentó en el día de ayer. Agregó que la intención es seguir trabajando en el camino del consenso, con un objetivo claro: la sistematización de prácticas que impliquen la intimidación y la apropiación indebida del espacio público.

Luego, en las distintas intervenciones de los diputados, Mochi y Neira subrayaron que es un tema que requiere trabajar con datos y plantearon la desproporción de las multas que se proponen respecto a otras contravenciones más gravosas. “Creemos que hay que pensar en otras iniciativas para ver cómo se puede ordenar el espacio público en eventos masivos”, remarcaron.

Por su parte, la diputada Tagliaferri planteó que, si bien el bloque de Confianza y Desarrollo va a acompañar las modificaciones que se proponen, “creemos que no hay un vacío legal en la materia dado que la figura existe desde 2018”.

La diputada Lospennato agregó que el tratamiento de los proyectos responde a un reclamo de toda la ciudadanía porteña que está exigiendo a los legisladores una respuesta ante una problemática recurrentemente que vive cada vez que quiere salir a disfrutar de un espectáculo o circular libremente por la ciudad.

El Expediente Nº 80-J-2025, del Jefe de Gobierno Jorge Macri, señala que busca reforzar la protección en cuestión, endureciendo las sanciones previstas para los tipos contravencionales establecidos. Estos tienen como objeto prevenir y castigar la conducta de los usualmente llamados “cuidacoches” o “trapitos”, cuya ilícita actividad importa una especial afectación de los espacios públicos en los que operan. “Estas situaciones revisten especial gravedad cuando se realizan en el marco de eventos deportivos o artísticos de gran concurrencia, o en lugares públicos de disfrute y uso generalizado, lo que funda el aumento de las sanciones pertinentes”.

Respecto a las multas, la iniciativa propone que “quien sin autorización legal ofrece o presta en la vía pública, de manera directa o indirecta, servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios, es sancionado con cinco (5) a treinta (30) días de arresto, diez (10) a cuarenta y cinco (45) días de trabajos de utilidad pública o multa de ochocientas (800) a cuatro mil (4.000) unidades fijas. Se le aplicarán además al/la contraventor/a las sanciones de prohibición de concurrencia y/o de interdicción de cercanía al lugar donde haya cometido la contravención, en los términos de los artículos 37 y 39. Cuando la conducta está basada en la desigualdad de género, la pena se elevará al doble. Cuando exista organización previa, la sanción para los/as contraventores/as y partícipes es de quince (15) a cuarenta y cinco (45) días de arresto, y el máximo se eleva a sesenta (60) días de arresto para los jefes/as, coordinadores/as, organizadores/as y/o promotores/as”.

A su vez, se propone que “en caso de tratarse de un estadio y probarse la participación directa o indirecta de personas vinculadas al club, institution u organizador, se sanciona a la entidad con multa de cinco mil (5.000) a veinte mil (20.000) unidades fijas y clausura de sus instalaciones de quince (15) a sesenta (60) días, sin perjuicio de la responsabilidad de los autores/as materiales”.

En tanto, el expediente presentado por la diputada María del Pilar Ramírez propone una nueva escala de arresto, multa y trabajos de utilidad pública acorde a la gravedad real de la conducta. Asimismo, se prevé un agravamiento específico cuando la conducta se realice con intimidación, persistencia o coacción, o cuando exista organización previa, elevando la responsabilidad de jefes, coordinadores o promotores. “A quien sin autorización legal ofrece o presta en la vía pública, de manera directa o indirecta, servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios, es sancionado con diez (10) a treinta (30) días de arresto, veinte (20) a sesenta (60) días de trabajos de utilidad pública o multa de mil doscientos (1.200) a siete mil (7.000) unidades fijas. Cuando las contravenciones ocurran en los alrededores de los grandes parques o dentro de un radio de hasta treinta (30) cuadras del lugar donde esté programado un evento masivo de carácter deportivo, artístico o de cualquier otra índole, desde las tres (3) horas antes de su inicio y hasta dos (2) horas después de su finalización, la sanción para los contraventores y partícipes es de quince (15) a cincuenta (50) días de arresto, y el máximo se eleva a sesenta (60) días de arresto para los jefes, coordinadores, organizadores y/o promotores”.

El proyecto señala que “en caso de tratarse de un estadio y probarse la participación directa o indirecta de personas vinculadas al club, institución u organizador, se sanciona a la entidad con multa de diez mil (10.000) a cuarenta mil (40.000) unidades fijas y clausura de sus instalaciones de treinta (30) a noventa (90) días, sin perjuicio de la responsabilidad de los autores materiales”.