Hoy se reunieron las Comisiones de Presupuesto y Justicia de la Legislatura porteña
A la mañana el debate se centró en los impuestos del juego online y los honorarios de los mandatarios que actúan ante deudas de contribuyentes, mientras que a la tarde llegó el turno de la creación del servicio penitenciario porteño.
En el salón Presidente Alfonsín de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se llevó adelante una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, que preside la diputada Paola Michielotto, acompañada de la vicepresidenta, Claudia Neira.
La reunión se dividió en dos etapas. En la primera parte del encuentro se trató el proyecto presentado por el legislador Facundo Del Gaiso, que busca modificar la Ley Tarifaria 2025, correspondiente a la Ley N° 6806, y la Ley N° 6065 (Fondo de Integración y Desarrollo Social), donde se propone ampliar la regulación sobre la publicidad del juego online y aumentar la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos en esta actividad, pasando del 6 % actual al 12 %.
Para exponer sobre el impacto fiscal de la medida, participó Demian Tujsnaider, director general de la AGIP, quien explicó el funcionamiento del régimen tributario vigente en el sector y se comprometió a ser parte de las próximas reuniones y acercar todo el material con la información recaudada durante estos últimos años. “Hay intereses en juego, pero vamos a seguir insistiendo porque la ludopatía es la pandemia de los chicos”, sostuvo Del Gaiso en referencia a la necesidad de reforzar tanto el control como la regulación de la actividad.
Al finalizar este debate, la segunda parte de la reunión tuvo como protagonista una propuesta presentada por el legislador Hernán Reyes, que busca regular con mayor precisión la figura de los mandatarios judiciales, quienes se encargan de cobrar judicialmente deudas tributarias en mora para la Ciudad.
El proyecto plantea definir con mayor claridad su rol y relación con el Estado, establecer un régimen de honorarios claro y proporcional y fijar montos mínimos de deuda para iniciar ejecuciones fiscales, evitando litigios contra pequeños contribuyentes por deudas bajas con honorarios para abogados altos.
Durante el debate, representantes de la Procuración General, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y de la Asociación de Mandatarios expresaron sus opiniones respecto al tema y dieron su parecer, mientras que el diputado Hernán Reyes explicó que el espíritu del proyecto es “corregir un problema de sistema”, buscando evitar que pequeños contribuyentes terminen afrontando honorarios para los abogados mandatarios muy superiores al monto de la deuda. “Hay que defender el trabajo de los mandatarios pero sin perjudicar a los vecinos que están asfixiados con deudas”, sostuvo.
Después del mediodía, en el Salón San Martín de la Legislatura porteña, se reunieron los diputados que integran las comisiones de Justicia (presidida por Inés Parry), Asuntos Constitucionales (Hernán Reyes), Seguridad (Gimena Villafruela) y Legislación del Trabajo (Matías Barroetaveña), para continuar profundizando, en forma conjunta, sobre los proyectos de ley vinculados a la creación del Sistema Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires y la ejecución de la pena privativa de la libertad, junto al Subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Ciudad, Leandro Halperin y su equipo.
Los ejes del encuentro de hoy giraron en torno a las temáticas de disciplina, conducta, prevención; método de resolución de conflictos; procedimiento sancionatorio y organismos de control.
El Subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Ciudad, Leandro Halperin inició las alocuciones esgrimiendo, “estamos en la última etapa de lo que sería el marco de discusión de la pena”.
“Al momento del diseño de la Ley que nos convoca, y referenciándonos en la 24660 y los proyectos que están en tratamiento, se proponen tres niveles de faltas: leves, medias y graves" detalló.
En relación a los casos enunciados como “graves”, el funcionario aclaró que no solo puede haber un apercibimiento, sino un aislamiento provisorio o perdida de beneficios.
Además, Halperin afirmó que “se prohíben sanciones colectivas. La persona sancionada tiene que tener una notificación fehaciente y la posibilidad de recurrir. A la vez que el sistema tiene la obligación de comunicar a la justicia de ejecución para que quede debidamente informada y dar lugar a las apelaciones en los casos que haya" y destacó que “el sistema está obligado a registrar las sanciones para el Plan de Vida, y en el marco de la evolución que los jueces tienen que analizar".
En cuanto a la conducta, el funcionario explicó que "se propone un sistema de clasificación con las mismas características que la 24660: ejemplar, excelente, buena, muy buena, regular, mala, pésima" y para ello "se incorporan herramientas de justicia restaurativa, medidas socio educativas".
“Para el sistema de control judicial y de acceso a la justicia, se toma el modelo del sistema judicial de la ciudad de Buenos Aires, sobre la base del rol del Ministerio Público Fiscal, teniendo presente la ley 6115 de víctimas y la ley nacional de protección de las víctimas en cuanto al posible rol del querellante" detalló.
El funcionario respondió a su vez a todas las consultas realizadas por los diputados presentes, y se continuará trabajando en las próximas reuniones de las comisiones conjuntas.
